La Directiva 115/2001 modificó la VI Directiva imponiendo a los estados miembros de la Unión Europea el plazo de 1 de enero de 2004 para la adaptación de su regulación en materia de facturación, de forma que se dotara de validez a la Factura Electrónica de forma coordinada. El Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, es la norma española que traspone la citada directiva. La aplicación de esta norma en lo que se refiere a la facturación electrónica genera grandes dudas, desde la identificación de los certificados adecuados, hasta los formatos de las facturas. El servicio de Interactiva consiste en ayudar a las empresas a seleccionar la infraestructura más adecuada para la puesta en marcha de proyectos de facturación electrónica, determinar los certificados electrónicos más adecuados para esta función, definir los nuevos procedimientos de facturación y emitir un informe técnico y jurídico que establezca la idoneidad de la solución adoptada. Opcionalmente, Interactiva puede dirigir proyectos de implementación de soluciones de facturación o de integración de sistemas de firma electrónica en plataformas ya existentes.
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